En primer lugar, ninguna persona física o jurídica puede libremente embargar una cuenta bancaria. Para hacerlo tendrán que acudir a los procedimientos previstos en la ley y que sea un juez el que declare que hay una deuda.

En la economía actual encontramos diferentes vías de financiación a las que acudir cuando nuestro capital no nos permite adquirir algún bien o servicio. Encontramos desde la denominada hipoteca utilizada para adquirir una propiedad hasta créditos al consumo para otras necesidades.

El principal motivo por el que una persona se acoge a la Ley de la Segunda Oportunidad es por necesidad. Las personas que solicitan una LSO lo hacen porque necesitan salir de la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran, digámoslo así: “necesitan otra oportunidad para remediar esa situación”. Todos nos merecemos una segunda oportunidad.

Es muy habitual, que cuando una persona no puede hacer frente a las cuotas de sus préstamos, los diferentes acreedores incluyan a estas personas deudoras en los diferentes ficheros de morosidad. Esta situación, conlleva un gran perjuicio en la vida cotidiana de estas, personas vulnerables, hasta el punto de que se les niega el alta de suministros básicos como luz, agua, gas, telefonía …. y por supuesto cualquier solicitud de préstamos adicionales, sin contar con el factor psicológico/moral muy mermado y de extrema desesperación.